Trabajo Social chileno marca un hito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Académicos y profesionales chilenos contribuyen a una sentencia histórica que fortalece la protección internacional de los derechos fundamentales.
Entre ellos destacan el Dr. Milton Contreras Sáez, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule (UCM); Felipe Norambuena Conejeros, profesional vinculado a la Defensoría Penal Pública (DPP) y académico de la Universidad de las Américas; además de la abogada chilena María Cristina Melgarejo Sáez, académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y defensora pública interamericana y de la Defensoría Penal Pública.
En abril de 2025, la Corte Interamericana convocó al Dr. Milton Contreras y a Felipe Norambuena para desarrollar un informe social pericial destinado a evaluar las consecuencias humanas, sociales y psicosociales derivadas de vulneraciones de derechos sufridas por trabajadores peruanos despedidos durante la década de los ‘90. La participación de ambos constituyó un hecho inédito, ya que representó la incorporación del Trabajo Social Forense como insumo especializado dentro de un proceso contencioso ante el principal tribunal de derechos humanos de América Latina.
Según lo señalado por el Dr. Contreras, el peritaje permitió ir más allá de las consecuencias laborales para examinar dimensiones como el daño social, los impactos psicosociales y las afectaciones a los proyectos de vida de las personas evaluadas. Este enfoque aportó evidencia relevante sobre cómo las vulneraciones de derechos pueden extenderse durante décadas, afectando la salud mental, las relaciones familiares, la dignidad humana y las oportunidades de desarrollo de quienes las experimentan.
Para Contreras y Norambuena, esta experiencia significó además un reconocimiento al desarrollo del Trabajo Social Forense en Chile y a la importancia de producir evidencia rigurosa para la toma de decisiones en materia de derechos humanos. Ambos profesionales contribuyeron desde una perspectiva interdisciplinaria que conecta la investigación académica con la práctica pericial, fortaleciendo el uso de metodologías basadas en evidencia dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La sentencia de la Corte IDH, dictada en el caso de los trabajadores cesados de ENAPU, reconoció que las víctimas fueron privadas durante años de una tutela judicial efectiva y de la protección adecuada de su derecho al trabajo. El fallo determinó vulneraciones a derechos fundamentales y ordenó medidas de reparación e indemnización para las personas afectadas.
En este proceso también desempeñó un rol fundamental la abogada chilena María Cristina Melgarejo Sáez, quien actuó como defensora pública interamericana de dos de las víctimas. Desde 2022, Melgarejo asumió la representación jurídica de personas que carecen de patrocinio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, liderando junto a otros especialistas una estrategia que incorporó antecedentes documentales, jurídicos y periciales para acreditar el daño sufrido por las víctimas.
La académica de la UCSC destacó que uno de los mayores desafíos fue reconstruir hechos ocurridos casi tres décadas atrás y demostrar que las consecuencias de las vulneraciones continuaban presentes en la vida de las personas afectadas. En ese contexto, los peritajes elaborados por Milton Contreras y Felipe Norambuena fueron considerados antecedentes relevantes para documentar las consecuencias sociales, familiares y personales derivadas de los despidos, integrando evidencia especializada al análisis jurídico del caso.
La convergencia entre el trabajo jurídico desarrollado por Melgarejo y la labor pericial de Contreras y Norambuena refleja el valor de la colaboración interdisciplinaria en la protección de los derechos humanos.
Link de la sentencia (es pública): https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_590_esp.pdf