Opinión: ¿La pelota está ahora en la cancha de los banqueros?

María Haydée Fonseca Mairena, Doctora en Economía, académica de la Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM, investigadora Asociada del Centro de Estudios Urbano Territoriales y al Observatorio Laboral del Maule.

La activación del crédito es uno de los componentes esenciales del segundo plan de medidas económicas anunciado por el gobierno el pasado 08 de abril. Sin embargo, debemos estar atentos para que las buenas intenciones sociales anunciadas se materialicen. Es necesario que el considerable aumento en el déficit fiscal, que luego todos asumiremos, valga la pena y sea justo. Por tanto, es menester que el Estado de Chile tome acciones específicas de acompañamiento directo en la administración de los fondos inyectados al sector financiero, de cara a que efectivamente los recursos lleguen a las empresas más vulnerables y bajo las condiciones crediticias más favorables.

Resumen de las medidas anunciadas

El Banco Central de Chile (BCCh) anunció tres grandes medidas:

1. Ampliación de la Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones Bancarias (FCIC). Esta es una medida que ya inició a implementarse en menor escala y que consiste en otorgar créditos a los bancos comerciales con una tasa preferencial, condicionado al incremento que éstos hagan de sus colocaciones, con un efecto multiplicador adicional por los créditos otorgados a PYME.

2. Ampliación de colaterales. Específicamente se plantea incluir como colaterales a las colocaciones comerciales de la cartera individual de alta calidad crediticia –clasificación A1 a A3–, lo cual más que triplica las posibilidades de acceso a la FCIC.

3. Incorporación de nuevas entidades financieras. Actualmente el BCCh puede ofrecer sus servicios financieros, como facilidades de liquidez, exclusivamente a empresas bancarias. La propuesta es poder incluir también a Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades de Contraparte Central (ECC), Cámaras de Compensación de Valores (CCAV) y Sistemas de Pago de Alto Valor.

Por otra parte, se hará modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), al que se le inyectará 3 mil millones de dólares para aumentar su capacidad crediticia, por medio de garantías escalonadas, según tamaño de la empresa: hasta el 85% para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales (micro y pequeña empresa), hasta 70% para empresas entre 25 mil y 100 mil UF anuales (mediana empresa), y hasta 60% a empresas entre 100 mil y 1 millón de UF anuales en ventas reportadas (gran empresa). Específicamente las líneas de créditos de bancos a empresas, se espera pase a aproximadamente 24 mil millones de dólares (20 veces las líneas actualmente disponibles). Los préstamos que ofrezcan los bancos serán por un monto equivalente máximo de 3 meses de ventas y deberán ser utilizados por las empresas exclusivamente para capital de trabajo, con un plazo máximo de 48 meses y hasta 6 meses de gracia.

Mis comentarios

La clave en estos momentos es disminuir los riesgos crediticios. Dado el estado de emergencia, si el Estado no interviniera, los bancos categorizarían a todos sus clientes como más riesgosos, por tanto, restringirían el crédito y elevarían las tasas de interés, lo que afectaría principalmente a las PYMES. La sociedad en su conjunto comprende la importancia del otorgamiento de créditos a las empresas, en especial a las PYMES. Sin embargo, muchos cuestionan el mecanismo planteado por la medida. En concreto, ¿por qué se tiene que hacer por medio del sistema financiero privado? ¿Por qué no mejor implementar una medida tal que el gobierno entregue de forma directa los recursos a las empresas? ¿No se está más bien favoreciendo el bolsillo de los dueños de banco?

La respuesta corta a todas esas preguntas es que, dada la estructura económica actual, esta es la forma más eficiente y expedita de hacer llegar el dinero a las empresas. La razón principal es que los bancos comerciales y demás entidades financieras involucradas son los que tienen la experiencia para el otorgamiento de créditos, por tanto, son los que mejor pueden gestionar el riesgo asociado. Esto tiene que ver por la capacidad en infraestructura y talento humano especializado con el que cuentan para aquello. Por tanto, las preguntas planteadas son más bien una reflexión que tenemos que hacer después, y ojalá no lo olvidemos. Es necesario, en las discusiones futuras, analizar la dependencia financiera que tiene todo el sistema económico, respecto al sistema bancario. Es parte de los desafíos vigentes en las discusiones que tarde o temprano se tendrán que hacer respecto a los cambios necesarios en el actual modelo económico.

Sin embargo, no es verdad que “la pelota esté ahora en la cancha de los banqueros”, o al menos no debería ser así. Sí hay medidas que desde el gobierno se pueden y deben hacer para garantizar que el espíritu -al menos el reportado- del plan se logre: el apoyo a las empresas (¡no bancarias!), especialmente PYMES.

Según lo planteado en la propuesta del gobierno, la tasa de los créditos la va a determinar cada banco. Esto en principio está bien, porque cada uno conoce su propia estructura de costos. Por esta razón, no sería buena idea desde el gobierno fijar una única tasa de interés. Algunos han hablado de la necesidad de que el gobierno fije, al menos, una tasa máxima de los créditos. Sin embargo, sumándome a la discusión, me permito sugerir las siguientes cuatro medidas que podrían incluso ser más efectivas que la fijación de una tasa máxima.

1. Seguimiento y restricciones respecto a quiénes son los beneficiarios de créditos.

El objetivo es que este beneficio llegue realmente hacia aquellas empresas admisibles que hoy día están más afectadas y son más vulnerables. Existe un número muy grande de empresas que se podrían considerar admisibles, pero lamentablemente solo algunas de ellas finalmente recibirán el crédito ya que los recursos financieros para esto son limitados. El asunto es que existe un riesgo real de que el grueso de los recursos se destine a las grandes empresas. Por una parte, a pesar de que el porcentaje que ofrece en garantía el gobierno es menor para las grandes empresas, el monto del crédito que estas podrán recibir es mucho mayor en términos relativos a las demás empresas, ya que, según la medida anunciada, se otorgará hasta lo equivalente a 3 meses de ventas. Por tanto, en términos nominales el respaldo dado por el gobierno a cada crédito será significativamente mayor para las grandes empresas. Por otra parte, hay incentivos por parte de los bancos a prestarle mayoritariamente a dicho grupo de empresas, esto principalmente por dos razones: (1) las grandes empresas son las de menor riesgo y (2) existencia de economías de escala, pues el costo en que incurren al otorgar un crédito es básicamente el mismo, independientemente del tamaño de la empresa, prefiriendo por tanto la colocación de montos de créditos mayores. Por lo dicho, serán las grandes empresas las priorizadas en la selección de parte de los bancos.

Efectivamente, es importante apoyar también a las grandes empresas, pues si una gran empresa quiebra generará despidos masivos y afectará además a toda la cadena de suministros que tiene por detrás. Sin embargo, las grandes empresas suelen tener facilidades de crédito, aún en momentos de crisis, e incluso con tasas bajas, en términos relativos. Por tanto, no deberían ser las que más absorban esta opción de créditos con tasas preferenciales. En este sentido, el Estado de Chile debe tomar acciones claras para que efectivamente esta medida priorice -aunque no de forma exclusiva- a las pequeñas y medianas empresas, que de otra forma difícilmente podrán acceder a créditos.

2. Garantizar la libre competencia.

Bajo un modelo de libre mercado, lo único que nos puede garantizar tasas de interés bajas es la competencia. Por tanto, dada la situación de emergencia, se podría encomendar a la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía Nacional Económica, seguir muy de cerca el comportamiento de la banca respecto a la administración de los fondos que contempla el plan propuesto por el gobierno y garantizar así la no existencia de cualquier tipo de acuerdos en su oferta crediticia.

3. Facilitar y transparentar información sobre oferta crediticia.

Esta medida se relaciona con la anterior pues también fomentaría la libre competencia. La propuesta es que el gobierno habilite un sitio web único en donde todos los bancos involucrados entreguen en un mismo formato toda la información relevante respecto a tasas de interés, plazos y requisitos de los créditos otorgados bajo esta modalidad. Es decir, el gobierno debería ayudar en organizar y transparentar la información que los bancos entregan al público. Si la información la entrega cada entidad financiera de forma separada, como es habitual, usted como dueño de una empresa, deberá acudir física o virtualmente a todos los bancos para buscar la opción que más le conviene, con todos los costos que aquello implica para el empresario. Nótese, además, que esta medida ayudaría sobre todo a las empresas más pequeñas porque las grandes empresas suelen tener gestores de créditos y personal especializado para buscar la mejor opción y establecer mejores negociaciones crediticias.

4. Establecer acuerdos para que las facilidades crediticias otorgadas por el BCCh a las entidades financieras vinculadas, sean extensivas a los usuarios últimos.

Por ejemplo, entre las medidas del BCCh está la ampliación de colaterales, por tanto, los bancos comerciales deberían también admitir por parte de las empresas nuevos colaterales. Las condiciones excepcionales de los créditos otorgados a los bancos comerciales por parte del BCCh, deberían implicar condiciones excepcionales de los créditos otorgados a las empresas por parte de los bancos comerciales.

En efecto, las medidas financieras planteadas por el gobierno apuntan a no permitir que el efecto adverso a la economía sea de largo plazo. La idea es que esta pandemia nos mantenga en “pausa” y luego podamos retomar la música simplemente dando “play”. En este sentido, las propuestas del gobierno van en la dirección correcta, pues a toda la sociedad le conviene que la eminente recesión económica sea lo más corta posible.  Sin embargo, tomando en cuenta de que la banca privada es uno de los negocios más rentables a nivel mundial, la principal debilidad del segundo paquete de medidas económicas anunciadas es esperar que los bancos se comporten como nunca lo han hecho y “mantengan la pelota en su cancha”. No basta con llamar a las buenas intenciones. El Estado debe garantizar que el uso de los fondos públicos sea transparente, justo y mejore el bienestar de las mayorías.

Asimismo, queda una vez más en evidencia el talón de Aquiles del sistema económico actual: la alta desigualdad. Hay claramente grupos económicos más vulnerables, cuyos ingresos son de subsistencia. Ahora estamos corriendo buscando atender a estos grupos, pero la verdad es que, en primer lugar, no debería de ser tan desigual la distribución de la torta. De hecho, la tendencia en el mundo es que después de esto la pobreza y la desigualdad incrementen. Por tanto, tenemos en Chile un gran desafío en torno a esto, tenemos en Chile una discusión pendiente.

 

 

“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.