Columna: "No faltaban leyes, faltaba decisión"

Leonardo Velásquez Herrera, director Jurídico de la UCM.

Placa de bronce de la Contraloría General de la República en Chile.
6 de enero de 2026

ILeonardo Velásquez Herrera, director Jurídico de la UCM.
Cuando la norma se aplica como manda el viejo latinazgo -sine ira et studio- puede cambiar conductas sociales e incluso, como ya se ha visto, mejorar la salud de las personas.

Eso es precisamente lo que ha hecho la Contralora General de la República: una funcionaria de carrera que no llegó al cargo por cuotas ni besamanos, sino por trayectoria. Su planteamiento es simple, pero incómodo: no siempre es necesario dictar nuevas leyes para enfrentar los problemas públicos; muchas veces basta con hacer la pega. En un país donde solo en el último semestre se han aprobado más de cuarenta nuevas normas, la carencia no parece estar en la producción legislativa, sino en la gestión, la decisión y el coraje institucional.

Bastó aplicar las reglas existentes con creatividad, apoyo tecnológico y determinación —ponerse colorado, en palabras simples— para que el primer Consolidado de Información Circularizada (CIC) tuviera un impacto directo y medible. Sin nuevas leyes, la Contraloría logró incidir en el uso de los recursos públicos, el cumplimiento normativo, la probidad administrativa y, paradójicamente, en la salud de muchos funcionarios.

Los datos son elocuentes. Tras las investigaciones por uso indebido de licencias médicas, los servicios públicos han reportado una disminución significativa de estas -según la Superintendencia de Seguridad Social, cercana al 20%- junto con un aumento de la productividad, la continuidad del servicio y una mejor utilización de los recursos. Conviene no olvidarlo: durante una licencia médica, el Estado sigue pagando íntegramente la remuneración del funcionario.

El impacto fue tal que incluso los tribunales comenzaron, progresivamente, a alinearse con esta nueva forma de entender la responsabilidad administrativa. Algo similar ya había ocurrido con la doctrina de la confianza legítima. Hoy, la jurisprudencia ha ido dejando atrás argumentos como que el reposo domiciliario no constituye confinamiento o que no puede imputarse una falta durante la licencia por estar suspendido el vínculo contractual o estatutario, para reconocer que la autoridad está facultada para ponderar la gravedad de los hechos y, en casos graves, disponer la destitución.

Es deseable que esta línea jurisprudencial se consolide. Y también que, una vez superada la veda punitiva asociada a los procesos electorales —en febrero—, las autoridades ejerzan su potestad sancionatoria de manera razonable, proporcional y sin complejos.

La Contralora observa con satisfacción la recepción que esta mega auditoría ha tenido en la ciudadanía, los tribunales y la propia administración. La experiencia termina por darle la razón: no siempre hay que ir a golpear las puertas del Congreso en busca de nuevas leyes. Muchas veces basta algo más escaso y difícil de encontrar: decisión, gestión eficiente y una voluntad real de hacer cumplir la norma.

Esta experiencia tangible, además, abre una oportunidad para el próximo gobierno. Una oportunidad para no ceder a la presión de repartir el botín de los empleos públicos y, por primera vez, proveer cargos de responsabilidad en función del mérito, la experiencia y la capacidad, y no según la cuota que corresponda a cada partido político.


“Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule”.

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